Organismos de derechos humanos, “históricos” de Villa Constitución, entidades sindicales y gremiales, referentes políticos y diversos sectores militantes concentraron en la puerta de los tribunales federales de Rosario para exigir fecha de inicio de la causa “Villazo”.
La mañana de viernes atravesaba el mundano tránsito de la calle Oroño y los ruidos de vehículos. Pasada las 9.30, los peatones notaron la llegada de distintos grupos que portaban banderolas, pecheras, megáfonos, y observaron cómo esas personas provenientes de distintos puntos se fundían en un fraterno saludo frente a la puerta del tribunal. Otros, rápidamente ayudaron a quienes desplegaban grandes banderas para colgar en las rejas del lugar. “Somos muchos, ¿cortamos la calle?”, sugirió uno a su compañero. En tanto, el equipo jurídico gratuito de APDH Rosario (querellante en la causa) revisaba papeles una vez más, previo a ingresar a hablar con las autoridades. A su lado, la vicepresidenta nacional de APDH Argentina, Norma Ríos junto al secretario general de APDH Rosario, Sergio Marioni, conversaban con Oscar “Pacho” Juárez, Eduardo «Cacho» Sosa y Juan Actis (militantes “históricos” de Villa Constitución) momentos antes que dirigieran palabras a los presentes.
Hay exigencias para el tribunal, pero también victorias para permitirse un festejo y desahogo. Las sonrisas no sólo responden al reencuentro y una forma de contagiar alegría, sino también a las últimas novedades vinculadas a la revocatoria a Carmen Amanda Grossolín, genocida imputada en numerosos casos en la actual causa. A ella le fue revocado el permiso para vacacionar en México, otorgado por el juez Germán Sutter Schneider, quien omitió informar a querellas y fiscalía sobre una previa salida de la acusada en noviembre, autorizada por él mismo. Peligroso antecedente que se hubiese profundizado en caso que Grossolín hubiese logrado salir del país.
Desde la esquina de calle San Luis, los medios de comunicación local se aproximaban para cubrir el evento. En la otra punta, trabajadores de Acindar habían cortado Oroño y Rioja, en el sentido de la primera calle, con una bandera de su comisión.
El motivo de la movida es de enorme magnitud. En la búsqueda de justicia, sobrevivientes y querellantes grafican cómo se cometieron delitos de lesa humanidad en un período de Estado democrático (1975).

El juicio que puede redefinir el origen
“Procesalmente, el tribunal ya tiene todos los elementos para poder comenzar. Por eso, no entendemos el por qué de las dilaciones”, expresó el abogado Federico Pagliero, integrante del equipo jurídico de APDH Rosario. Remarcó con énfasis que la espera lleva más de diez años.
Pagliero entiende que el inicio rompería con un manto de impunidad que envuelve a la causa, pudiendo poner sobre la arena pública del pueblo, acontecimientos históricos de una envergadura tal al punto de remodelar el estrato social. “Más aún en localidades pequeñas que han sufrido el terror de Estado y han quedado un miedo y silencio muy marcado en todas las generaciones”. En este marco, la vital importancia de establecer responsabilidades penales, reparaciones históricas para que las víctimas vivan ese momento, y así mostrar el origen del genocidio cometido contra el pueblo y un “movimiento obrero lúcido” que resistió durante cincuenta y siete días el embate desplegado por “el Estado democrático, empresariado y burocracia sindical de la UOM nacional”.
Julia Giordano (colega de Pagliero y compañera del equipo jurídico gratuito de la APDH Rosario), desarrolló con claridad la imposibilidad de un juicio posible si las partes (víctimas y victimarios) se encuentran ausentes. En este caso particular, considerando la edad avanzada de ellos.
“Un juicio tiene un inicio y un debate”, detalló. Giordano especificó el tiempo de las distintas instancias y su progreso paulatino en cada fase. Cuentan con un ofrecimiento alrededor a quinientos testigos, de los cuales ninguno es prescindible, dado que al ser la primera elevación, es cuando se deberá probar la existencia de un plan sistemático genocida previo al 24 de marzo de 1976.
Es una batalla por la memoria, verdad y justicia en la cual la producción de prueba para mostrar en audiencias es demasiada. Por consiguiente, demostrar crímenes y delitos. Las instancias de inicio, transcurso de un juicio y llegar a la condena, consumen tiempo.
El reloj de arena no se detiene, los segundos, minutos y años pasan. La impunidad biológica todos los días gana un poco más. En contraposición, quienes padecieron ven cómo se reduce la posibilidad de una reparación y un halo de justicia que abra otro camino.

Villazo impostergable
Vienen tiempos difíciles, sintetizó Juan Actis al ser consultado por el equipo de prensa de APDH Rosario. Juan es un histórico militante de aquella gesta obrera y sobreviviente de la feroz represión. Destacó la relevante tarea de compromiso que deben asumir las nuevas generaciones de trabajadores y dirigentes sindicales. En este punto, enfatizó sobre la memoria como elemento crucial en la formación de la consciencia política para que “no vuelva a pasar, y haya juicio y castigo” a responsables del brazo armado, y los grupos económicos involucrados.
Actis reflexionó que los hechos ocurridos fueron la prueba piloto de lo que devendría el 24 de marzo del año siguiente. Por ello, “es importante que quienes apoyaron el golpe, paguen por lo que hicieron”.
A continuación, Cacho Sosa fue contundente al describir al operativo Serpiente Roja como una de las represiones más grandes a nivel nacional. Con indignación en el color de su voz, describió la impunidad con la cual se manejan los victimarios al “pasearse por las calles de la ciudad”. Sosa explicó la trascendencia de la causa al exponer cómo se refleja la tarea conjunta entre actores civiles, empresariales y militares. Citó un claro ejemplo de una aceitada relación al mencionar a “El Pocho” Pellegrini, empleado en la oficina de Acindar con acceso a los legajos personales de los trabajadores. De esta forma, fue posible la detención en sus domicilios. “¿De dónde sacaban esa información? Se la dio la oficina del personal que manejaba el señor Pellegrini”; señaló en referencia a una connivencia con el cuerpo militar.
Por ello, Sosa instó a que los jóvenes de Villa Constitución continúen dando impulso a la causa y no la dejen caer.
En la misma línea, la vicepresidenta nacional de APDH Argentina, Norma Ríos, consideró “histórico” el carácter de esta lucha porque da cuenta que durante el ejercicio del gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón se sentaron las bases de “un genocidio planificado”, a través de los crímenes avalados a la Triple A y la firma del Operativo Independencia en Tucumán. Por esta razón, es injusto el olvido de la figura de “Isabelita” en esta causa.
Ríos compartió su preocupación por la impunidad biológica consumada con la muerte de represores. Frente a esto, a casi cincuenta años de lo acontecido, “la importancia es total” porque las víctimas quedarían con las manos vacías de justicia.
La secretaria de derechos humanos de la provincia de Santa Fe, Lucila Puyol, resaltó la trascendencia de la causa, no sólo para la región, sino para el país; dado que los hechos constituyeron la previa de lo sucedido durante el último golpe. Asumir esto, explicó, es saber que la represión estatal fue contra un fuerte movimiento de los trabajadores, sus luchas y reclamos. En el marco próximo a cumplir cuarenta años de democracia, Puyol insistió en el pedido de dar comienzo al juicio, “no puede demorarse” porque “necesitamos memoria, verdad y justicia para las víctimas y el pueblo argentino”.
Por su parte, el profesor de historia e historiador del “Villazo”, Ernesto Rodríguez, puso el foco en que es uno de los “crímenes más antiguos cometidos en el país”, y con ello, funcionó uno de los primeros centros clandestinos de detención y tortura. Con el temor de la impunidad biológica previamente mencionado, Ernesto acompañó el pedido de celeridad en la causa, pero además, recordó que sería posible ir tras los pasos de dos jefes jerárquicos integrantes de la planta; sin embargo, “hace cuatro décadas que las víctimas vienen reclamando”, por ello urge la velocidad de una fecha exacta de inicio.
Para finalizar, Carlos Valido contó la experiencia de su padre, delegado en Acindar, quien estuvo preso por luchar durante dos años y medio en la ciudad de Rosario. “Que paguen los responsables”, de lo contrario, las penurias sufridas en dictadura seguirán doliendo por la falta de justicia.

Abrir la historia: deber y obligación
Pasaron generaciones desde aquel Villazo, pero los hechos no fueron enterrados en el olvido, por el contrario, generaron una continuidad en el compromiso de las nuevas camadas militantes. Tal es el caso de Manuel Casas, secretario adjunto de la UOM con sede en Villa Constitución. El dirigente sindical comentó la importancia de acompañar reclamos como la actual exigencia por fecha de inicio del juicio, y enseñar la historia de un movimiento obrero comprometido para que cada trabajador/a no solo no desconozca su pasado, sino lo que vendrá.
Casas describió la responsabilidad con la cual asumieron el acompañamiento, al punto de constituirse como querella y, en un documento redactado en conjunto con la UOM nacional, exigirle a la conducción compañía en todo lo que fuese posible.
El sindicalista fue crítico de la lentitud de los tiempos de la justicia, pero frente a la adversidad, llamó a sus compañerxs a no bajar los brazos, “por todos los que están junto a nosotros y los que no también”. Tomar la posta es una tarea para poder seguir levantando banderas de lucha y justicia, y así no permitir la impunidad del caso.
En materia de formativa, Casas refirió al aprendizaje político de sus nuevos compañeros/as en Acindar. “El debate es fundamental”, desarrollar la trascendencia de gestas obreras como el Rosariazo, Cordobazo y el contexto de una época como fueron los años 60’ y 70’. En ese marco, es primordial exponer el objetivo e intencionalidad socioeconómica de las dictaduras y poder concentrado, para comprender la posterior persecución y represión contra la masa obrera. Por todo esto, Manuel Casas concluyó: “Quienes nos pensamos dirigentes tenemos el deber y obligación de estar trayendo todo el tiempo, a la memoria de cada uno de los compañeros, esto que ha pasado en otros tiempos”.

Por Lautaro Ruiz