Mara Pascucci, es víctima de la violencia ilegal ejercida por las fuerzas de seguridad de la Provincia de Santa Fe, y la investigación de los hechos se encuentra a cargo de la Fiscalía de Corrupción y Violencia Institucional. Sin embargo, lejos de encontrar un atisbo de justicia en el avance de esta causa, Mara se encuentra hoy afrontando una imputación por encubrimiento de la que fuera acusada por los mismos agentes de seguridad que la sometieron.

El 11 de enero pasado Mara (32) y Damaris (16) Pascucci fueron violenta e ilegalmente detenidas por personal policial, junto a los hijos de la primera de 9, 11 y 12 años. Fueron golpeadas, alojadas en condiciones tormentosas en la Comisaría 8º, víctimas de distintas vejaciones y obligadas a suscribir declaraciones y actas que no les permitieron leer, como condición para otorgarles su libertad.

A pesar de las presentaciones que el equipo jurídico de la APDH realizó ante el Fiscal Regional, Patricio Serjal, el fiscal Marcelo Maximino imputó el día lunes 16 de abril a Mara Pascucci por un supuesto encubrimiento desoyendo e ignorando por completo las versiones de las víctimas y de la prueba colectada en la carpeta judicial que investiga los hechos de violencia cometidos por las y los agentes policiales.

“El descreimiento anticipado del relato de las víctimas, la minimización de su importancia y el avance en perjuicio de quienes se acercan al Ministerio Público de la Acusación confiando en que investigarán a sus victimarios una vez que los procesos se radican, son un claro mensaje: callar o sufrir mayores consecuencias”, afirmaron desde el equipo jurídico de APDH Rosario.

Como organización de derechos humanos, la APDH Rosario participó en numerosos procesos sobre violencia institucional. “La constatación de estar hoy nuevamente frente a prácticas sistemáticas de torturas y de fiscales que no comprenden la gravedad de estas prácticas, nos convencen de la necesidad de sostener un diálogo con el Fiscal Regional Serjal a fin de solicitarle una intervención concreta haciendo uso de las facultades de dar instrucciones a los fiscales públicos bajo su jurisdicción, sobre cómo deben actuar ante denuncias que implican la responsabilidad estatal. Lo que estamos viviendo es un retroceso hacia la estigmatización y criminalización de las víctimas que denuncian los delitos cometidos por las fuerzas de seguridad”, agregaron los abogados y las abogadas.

Priorizar las investigaciones e imputaciones que tienen como único sustento el relato policial por sobre las de quien denuncia a esta última como víctima constituyen un amedrentamiento de manera particular para quien ha decidido iniciar el camino judicial para la obtención de justicia y como disuasivo general para todas las que cotidianamente sufren la violencia ilegal de las fuerzas de seguridad, que temen denunciar por las posibles represalias”.

Mara y Damaris no encubrieron ningún delito ni resistieron ningún procedimiento. Mara y Damaris son víctimas de la represión ilegal de las fuerzas de seguridad de la Provincia de Santa Fe. El Estado debe hacerse responsable.

Sobre lo que pasó el 11 de enero en la casa de Mara:

El día 11 de Enero del corriente, mientras Mara dormía en su casa, su hermano le tocó la puerta de ingreso a su domicilio, al salir se encuentra con que la policía golpeaba a su hermano (18 años) y a su sobrino (17 años) y varios agentes más bajan de móviles policiales, por lo que decidió grabar la situación. Hasta que uno de ellos la tomó por los pelos y la arrastró hasta la el móvil. Allí la esposaron y la tumbaron boca abajo mientras una policía le pisaba la cabeza y le decía «negra sucia no me toqués ni me pisés el borceguí que después lo tengo que limpiar».

Estando ella en el móvil, varios uniformados ingresaron a su domicilio, revolviendo todo, llevándose algunas de sus pertenencias (4 tablets, una mochila con la alianza de su marido), comiendo de la heladera. Interpelados por la hija de Mara, Damaris Pascucci (16 años), una de las agentes le dijo que era una bocona y le dio un golpe en la cara a mano abierta. La esposó y la condujo hasta la camioneta donde ya estaba su madre. Instantes más tarde llegó Daniela Pascucci, hermana de Mara y madre de uno de los jóvenes supuestamente buscado por los agentes, quien también fue esposada e introducida al móvil policial.

Fueron trasladadas a la Comisaría 8º, donde también llevaron a los dos jóvenes (el hermano de Mara y Daniela y el hijo de Daniela) y a los hijos menores de edad de Mara (de 9, 11 y 12 años). Las mujeres fueron alojadas en un cuarto sucio utilizado como baño en numerosas ocasiones, a Mara y Daniela las hicieron desnudar completamente delante de agentes hombres y mujeres; pese a que Mara insistía en que no quería hacerlo, lloraba y decía que le daba vergüenza ya que había policías varones que la miraban, recibió por respuesta «dale sucia, vos no tenés derechos, yo mando acá».

Mientras, Damaris era golpeada por varias uniformadas y Mara escuchaba como lloraban sus hijos que estaban en un cuarto contiguo; y cómo su hermano y su sobrino eran golpeados y picaneados en otra celda. Cuando dejaron de golpearla a Damaris, una mujer policía le ordenó que se desnudara y le acercó una picana de mano a la panza. Estando en ropa interior un policía varón le dijo que se levantara el pelo y diera una vueltita despacio mientras la observaban, para luego obligarla a agacharse y hacerle pedir por favor que la soltaran. Antes de liberarlas la adolescente pidió ir al baño y un policía le acercó una botella de plástico rota. «Hacé lo que tengas que hacer ahí y después limpiate con la pared».

La pesadilla que vivió la familia fue larguísima, los hijos de Mara fueron liberados cerca del mediodía, cuando uno de los oficiales llamó desde el teléfono de Mara al padre de ésta para que fuera a buscar a sus nietos. Damaris salió a las 18 junto con Daniela, y a Mara la liberaron pasadas las 21, luego de obligarlas a firmar papeles que no pudieron leer y borrar del celular de Mara el video que había empezado a graban en el momento de la detención de su hermano y su sobrino.

Mara y Damaris denunciaron todo lo sucedido ante la Justicia, fueron revisadas por los médicos del consultorio médico legal y constatadas las lesiones.