SECRETARIO EJECUTIVO

COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

PAULO ABRÃO

La ASAMBLEA PERMANENTE POR LOS DERECHOS HUMANOS ARGENTINA (en adelante APDH), por intermedio de su Consejero Nacional FEDERICO NICOLÁS PAGLIERO, argentino, abogado, en el marco de la visita que Ud. realiza al Estado de Chile, se presenta con la intención de colaborar en la toma de decisiones que puedan ser útiles para la solución del conflicto político.

La APDH es una organización de derechos humanos constituida como Asociación Civil, según resolución de la Inspección General de Personas Jurídicas, de fecha 5 de Diciembre de 1986, registrada bajo el Nº 000784. Con domicilio legal en Av. Callao 569 3° cuerpo 1° piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; código postal: 1022; Correo electrónico: apdh@apdh.org.ar.

Nuestra organización se encuentra acreditada en el Registro de Organizaciones de la Sociedad Civil de la OEA y que cuenta con estatus consultivo especial ante el ECOSOC de la ONU.

POBLACIÓN BENEFICIARIA DE LAS MEDIDAS

Entendiendo que la CIDH tiene facultades suficientes para intervenir en conflictos como al que hoy asistimos en el estado chileno (art. 25 del Reglamento de la CIDH), entendemos que deben tomarse medidas urgentes en favor de todas y todos los habitantes del Estado de Chile. En tanto los ataques se dirigen de manera indiscriminada a todas las personas que se manifiestan en contra de las políticas económicas que diseña, desarrolla e implementa el Gobierno encabezado por su mandatario, Sebastián Piñera.

Quienes se encuentran ejerciendo el legítimo derecho humano a expresar su opinión manifestándose en las calles sufren la represión ilegal de las fuerzas de seguridad de todos los estratos del Estado de Chile.

Consistiendo en privaciones ilegales de la libertad, aplicación de torturas a las personas detenidas, violaciones, desapariciones forzadas, ejecuciones sumarias, lesiones a la integridad física mediante el uso de armas de fuego, mutilaciones oculares, quema de manifestantes en locales comerciales, queriendo ocultar su verdadera causa de muerte, ataques a los médicos interviniente en la atención a los manifestantes heridos.

HECHOS ALEGADOS

Ante las masivas jornadas de evasión en el metro de Santiago de Chile producto del alza en el transporte público liderada por estudiantes secundarios y luego adherida por la población en general, el gobierno de Chile decide, desde la semana del 14 de Octubre de este año, dar inicio al accionar ilegal represivo y sistemática de las fuerzas de seguridad del Estado Chileno contra su población, que produjo, al menos el asesinato de 23 personas.

Según los datos de la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile, en un lapso que comprende desde el 17 de Octubre al 12 de Noviembre, se encuentra constatadas 1.299 denuncias de personas lesionadas y afectadas en sus derechos durante las manifestaciones. Detallando 3 casos por impacto de proyectil balístico, 880 casos por disparos de perdigones, 132 por impactos directos al cuerpo de bombas lacrimógenas, 128 denuncias de lesiones por golpes de agentes del estado, 26 personas afectadas y lesionadas con gas pimienta, 8 casos de atropellos por vehículos, 7 denuncias por lesiones de carro lanza aguas, 7 denuncias por desnudamientos, 3 denuncias por lesiones a personas en situación de calle, 60 denuncias por detenciones arbitrarias e ilegales con apremios ilegítimos. Tomando otra fuente indicativa de los hechos ejecutados por el gobierno de Sebastian Piñera, el Instituto Nacional de Derecho Humanos (INDH), a la fecha 15 de Noviembre del presente, detalla que 6.362 personas han sido visitadas en comisarías, 2.381 heridas en hospitales, entre estas se encuentran producto de disparos de bala 42, por disparo de perdigones 866, por arma de fuego no identificada 407, por balines 45, 1.201 por golpes, gases y otros. Así como 217 personas con heridas oculares, conformando la tasa más alta a nivel mundial en un lapso determinado de mutilaciones oculares. Ante lo cual, el INDH ha presentado 346 acciones judiciales, 5 por querellas de homicidio,  7 querellas por homicidio frustrado, 58 querellas por violencia sexual, 246 querellas por torturas y tratos crueles, 13 querellas por lesiones, 3 recursos de queja y 14 amparos.  Representando a un total de 507 víctimas, entre ellas 112 mujeres, 299 hombres, 97 niños, niñas y adolescentes, 6 personas LGTBIQ, 3 personas migrantes, 1 persona perteneciente a pueblos originarios y 1 persona con discapacidad.

Ataques a Efectores de Salud.

Asimismo, resulta de extrema gravedad, el ataque sistemático de las fuerzas de seguridad del Estado, a los médicos que asisten a los manifestantes heridos producto de la represión ilegal. En nuestro primer día en la ciudad de Santiago, hemos presenciado en carne propia el accionar ilegal represivo de las fuerzas de seguridad. Ese día, ocurrió el fallecimiento de Abel Acuña. En horas de la noche, el equipo médico de la Usach fue llamado por el caso de un joven que había perdido el conocimiento. Al llegar al lugar, Abel acuña se encontraba con bajo pulso, se solicitó camilla para trasladar y casi de inmediato entro en paro. En ese momento, llega personal de SAMU (servicio médico de urgencias) con el objetivo de apoyar la situación, quienes comienzan maniobras de RCP. Al arribar la ambulancia para el traslado, Carabineros comenzó el ataque a todo el personal médico desde distintos puntos, evitando la llegada de la camilla a la ambulancia y generando que el paciente vuelva a caer en PARO. Falleciendo con tan solo 29 años.

Los hechos aquí descritos configuran con claridad violaciones a la Convención Americana de Derechos Humanos, por parte del Estado de Chile, Estado miembro de la OEA y suscriptor de la CADH.

GRAVEDAD.

Luego de este detalle no es necesario explicar por qué estamos ante una situación de gravedad. De la simple descripción de los hechos surgen las graves violaciones a los derechos contenidos en la CADH, que tienen como víctima a la población chilena y como victimario al propio estado chileno. Y la presencia de la CIDH en el país es un indicativo más de esta gravedad.

El Decreto de declaración de Estado de Emergencia para las provincias de Santiago y Chacabuco y la Declaración de Guerra por parte del Jefe de Estado Chileno, da cuenta de que las órdenes a las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad del país andino son de aniquilamiento de su contraparte, a quien considera su enemigo, y que no es otra que la sociedad civil desarmada y en total indefensión.

La pretensión de abordar un conflicto sociopolítico como un conflicto bélico nos habla a las claras de la gravedad de la situación que está viviendo el pueblo chileno del peligro en que se encuentran todas las personas que habitan en territorio chileno. En ese marco, y lejos de buscar el cese del conflicto utilizando medios que garanticen el ejercicio de los derechos humanos previstos en la convención, el mandatario presentó una agenda de seguridad, en la cual se prevé  la tipificación penal de las conductas de ocultar el rostro en las manifestaciones, de saqueo y de levantamiento de barricadas en las calles.  Anunció creación de un equipo especial de abogados para que colaboren con las Intendencia y gobernaciones para la presentación de querellas del Ejecutivo y un plan de fortalecimiento de la capacidad aérea de Carabineros y la PDI.

En suma, criminalizar las protestas legítimas incorporando las conductas de los manifestantes al código penal; la persecución ideológica por medio de la justicia de toda persona opositora a su gobierno y el incremento de la represión armada contra la población civil.

 

URGENCIA E IRREPARABILIDAD.

Por supuesto, que respecto de las personas asesinadas y de aquellas que han padecido mutilaciones, torturas y distintos menoscabos a su integridad física, las consecuencias ya son irremediables.

Sin embargo existen dos situaciones abordables, antes de que sean totalmente irreparables.  Por un lado la de todas aquellas personas detenidas desde la semana del 14 de Octubre de este año en el marco de la represión a manifestantes y la de las dos personas que desde ese mismo día se encuentran desaparecidas. Y por el otro la de todas las personas que han decidido expresar su desacuerdo con el actual Gobierno de Chile.

En el primer caso, la irreparabilidad del daño devendrá del paso del tiempo, en tanto se prolongarán detenciones arbitrarias a manos de fuerzas armadas y de seguridad que los mantienen en calidad de prisioneros de guerra y siendo objeto de las más terribles vejaciones y violaciones a la integridad psicofísica, tal como ha sido denunciado.  En relación a las desapariciones forzadas también el trascurso del tiempo sin que se exija y se obtenga información real sobre el paradero de las personas dificultará su ubicación, identificación, con el peligro de que las desapariciones dejen de ser transitorias para convertirse en la condición permanente de esas personas.

Y por otro lado, en el caso de la población en general de Chile, la urgencia debe interpretarse en que de seguir adelante las medidas implementadas por el primer mandatario, todos nos encontramos en peligro permanente de sufrir daños irreparables.

MEDIDAS SUGERIDAS

La situación descrita requiere de medidas urgentes a fin de evitar nuevas víctimas cada día. En este entendimiento será importante que organismos internacionales como la CIDH inste DE OFICIO al Gobierno Chileno, el reconocimiento de que el escenario desde la semana del 14 de Octubre a la fecha, se trata de un conflicto socio-político y no bélico, y que por lo tanto los medios de solución de conflicto no pueden ser el uso de la fuerza.

Que como consecuencia de ello, insten al Estado de Chile a desmovilizar las fuerzas armadas  y de seguridad y abra caminos de diálogo con la sociedad civil a fin de canalizar los reclamos y dar respuestas desde los mecanismos democráticos.

En tercer lugar que se ordene la libertad de las personas que han sido detenidas en el contexto de protesta y se informe sobre el paradero de las personas que se encuentran desaparecidas.

Federico Nicolas Pagliero

Asamblea Permanente por

Los Derechos Humanos – Argentina

Consejero Nacional.