No a la criminalización de la protesta

 

Este miércoles 24 de abril, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Regional Rosario, realizó la presentación de un escrito al Ministerio Público de la Acusación de la ciudad de Villa Constitución en el que  manifestamos nuestra gran preocupación por el intento de criminalización de la protesta que están sufriendo militantes ambientales de la asamblea “Villa Constitución Sin Venenos” en dicha localidad.

Cabe resaltar que el día 18 de abril, la presidenta nacional de APDH Norma Ríos, conjuntamente con integrantes de la APDH Regional Rosario, asistimos a una actividad pública organizada por la Asamblea “Villa Constitución Sin Venenos” de la que además participaron ediles de la ciudad, integrantes de organizaciones civiles y ciudadanas y ciudadanos de la localidad. Durante este encuentro pudimos conocer sobre la situación socio-ambiental en esta ciudad y en particular el propósito de instalación de la acopiadora de agrotóxicos a granel Nitrón, que realizaría en el mismo predio fraccionamiento y embalaje de los mismos.

Asimismo nos informaron del gran crecimiento de la Asamblea “Villa Constitución Sin Venenos”  en los últimos meses, contando con la adhesión de gran parte de la sociedad local, de organizaciones medioambientales y de derechos humanos. Han llegado a convocar unas dos mil personas en una histórica movilización a principios del mes de abril, y actualmente hace más de 30 días que están llevando adelante un “acampe” frente al predio de la Zona Franca Santafesina (donde se pretende dar funcionamiento a Nitrón), manifestando su preocupación por la actividad de la acopiadora.

El día lunes 15 de abril, los y las integrantes de la Asamblea Villa Constitución Sin Venenos, se encontraban en el acampe cuando a las 16 horas aproximadamente ingresó al predio un camión de carga. Al notar esta situación las y los manifestantes se dirigieron al personal que se encontraba desarrollando sus tareas en el lugar a fin de solicitar información sobre los elementos que el vehículo ingresaba. Alrededor de unas 150 personas comenzaron una asamblea esperando la información solicitada. Cabe destacar que la concecionaria Zofravilla no cuenta con habilitación definitiva.

Durante las horas que duró la asamblea recibieron por parte de los empleados y el gerente de la empresa distintas respuestas. Algunos empleados se retiraron del lugar por haber finalizado su jornada laboral y se apersonaron agentes de la Policía de la Provincia de Santa Fe en vehículos oficiales. Con todos ellos mantuvieron un diálogo siempre solicitando la misma información. En el transcurso de este tiempo de espera TODAS LAS PERSONAS PRESENTES DEAMBULARON Y SE TRASLADARON CON TOTAL LIBERTAD.

Avanzada la tarde y con la información de que supuestamente se pretendía ingresar al predio pantallas led, las y los manifestantes decidieron dar por finalizada la Asamblea y retirarse del lugar. Un rato después, el jefe del operativo policial solicitó datos a algunas de las personas que se encontraban para labrar un supuesto “acta”, aduciendo que era el normal proceder para estos casos. Una de las personas que facilitó sus datos fue F.M.

El día posterior a los hechos acontecidos y relatados en el predio de Zona Franca Santafesina y con mucha sorpresa, F.M. recibió una notificación para una “entrevista” ante el Ministerio Público de la Acusación. Al llegar a dicha dependencia pública, un empleado le comunicó que se habían “confundido” en la notificación y que se realizaría una AUDIENCIA IMPUTATIVA al joven por el delito de privación ilegal de la libertad. Ante semejante atropello a sus derechos, el Sr F.M. se comunicó con los abogados Bárbara Chazarreta y José Luis Braillard, solicitando la suspensión de la audiencia.

Resulta claro que se trata de una maniobra empresarial, utilizando los medios de comunicación y los medios jurídicos a disposición, como el único fin de criminalizar la protesta legitima que están llevando adelante en la ciudad de Villa Constitución.

La APDH repudia estos actos de criminalizar a los y las que luchan y que ejercen el derecho legítimo a expresarse.

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