El derecho a la educación en riesgo

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) se pronuncia en estado de alerta frente a las sucesivas violaciones al derecho a la educación que se están perpetrando en nuestro país.
El ciclo lectivo 2018 inició con el anuncio de cierres y fusiones de secciones de diferentes niveles y modalidades. Algunas de ellas, con la participación de las comunidades y organizaciones, pudieron ser revertidas. Otras, como es el caso de los Bachilleratos de adultos de la provincia de Buenos Aires están aún atravesando procesos autodenominados de reestructuración en contra de las demandas de estudiantes y docentes, y sin que las autoridades gubernamentales brinden siquiera la información pública pertinente, como la APDH ha denunciado públicamente.
Promediando el ciclo lectivo, nos encontramos con jurisdicciones que no han dado lugar a la discusión paritaria docente y sostienen salarios por debajo de la escalada inflacionaria generada por las políticas económicas del gobierno nacional. En el caso del nivel superior universitario, las universidades nacionales no han iniciado las clases y no tienen perspectiva de hacerlo. La APDH denuncia el desfinanciamiento de la producción científica pública, motor indispensable para promover el bienestar de la población en distintos ámbitos. En el caso del nivel superior no universitario, como es la formación docente en la Ciudad de Buenos Aires, se preanuncia la aprobación de un proyecto de creación de una universidad mediante la mayoría automática del partido oficialista, luego de meses de expresión contraria y argumentación fundada de especialistas y la totalidad de la comunidad. Ningún derecho se puede garantizar de espaldas a la población titular de ese derecho, pero esta parece ser la modalidad que asumen los gobiernos jurisdiccionales actuales.
Al mismo tiempo, hemos registrado al menos 4 casos de persecución ideológica a docentes en sus clases, en las provincias de Mendoza, Santa Fe y Chubut y diversos hechos de represión y amedrentamiento frente al ejercicio legítimo del derecho a la protesta.
En materia de contenidos curriculares, asistimos a diversas reformas por acción y por omisión, desonociendo la existencia de la legislación nacional. Por citar solo dos ejemplos, la educación técnica en la provincia de Buenos Aires se encuentra en proceso de reforma con reducción de horas de su diseño curricular y el programa de educación sexual integral no se cumple en el territorio nacional.
Con la gravedad extrema de afectar el derecho a la vida, la consecuencia de la desidia estatal en materia de inversión de infraestructura provocó dos muertes en la localidad de Moreno.  A este hecho sucedieron otrros que produjeron hospitalizaciones de docentes y descompensación de estudiantes por escapes de gas y fallas eléctricas en diferentes lugares de la provincia, producto de la desidia y la desatención de las autoridades provinciales.
Estos son solo algunas de las situaciones que demuestran la afectación del derecho a la educación en nuestro país reconocido en numerosas normativas locales y nacionales, así como la violación explícita del Artículo 26 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Ello se ve agravado por el deteriorio de los recursos y programas de apoyo a la escolarización, como la calidad y cantidad de viandas e insumos para comedores escolares y las reformas que afectan a los y las profesionales de los equipos de orientación escolar, entre otros.
La respuesta estatal hasta el momento es el cierre de más escuelas frente a los problemas de infraestructura y la propuesta de porcentajes irrisorios frente a las demandas salariales. La respuesta de los medios de comunicación que invisibilizan muchos de los reclamos también es preocupante, lo que nos lleva a la necesidad de pronunciarnos en forma permanente.
La APDH se solidariza con las organizaciones docentes y estudiantiles y la población en general, y exige a las autoridades estatales  asumir la situación de emergencia educativa y destinar el presupuesto y recursos necesarios para hacer frente a sus obligaciones. En el caso específico de la muerte de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez, el poder judicial debe investigar la responsabilidad de los funcionarios políticos que pudiendo evitar las muertes no lo hicieron incumpliendo en deberes específicos a su cargo.
Gisela Cardozo
María Elena Naddeo
Norma Ríos
Presidentas de APDH
Foto: La Primera Piedra

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