Audiencia del viernes 4/6/2021

Hoy declaran los sobrevivientes Juan Carlos Oliver, Leonel Oscar Gaitán, Hugo Marcelino Pot y Norma Elba Ríos. Acompañados por los abogados querellantes de APDH Federico Pagliero y  Anabel Marcone.

 

 Juan Carlos Oliver

Ingresa el juez, opta por comenzar con Oliver, y realiza la lectura protocolar previa advirtiendo sobre las potenciales penas por dar falso testimonio. Juan Carlos lo comprende, toma asiento y antes de comenzar su relato, escucha los nombres de los represores -presentes a través de videollamada-, con el fin de saber si los imputados son motivo de impedimento para expresar la verdad, el juez los nombra: “Los señores son Antonio González, Omar Molina, Germán Chartier, Eduardo Riuli, Fernando Mendoza y Oscar Insaurralde”.

Después de tantos años esperando momentos como este, Juan Carlos, al igual que lo harán los restantes testigos, con valentía continuará adelante (pese a una actitud reprochable del tribunal que pidió testimonios que no excedieran los cuarenta minutos).

A principios de abril, mediados de los 80’, Juan Carlos Oliver transitaba una etapa feliz en su vida: se estaba por casar. Una tarde alrededor de las 18.30, paseando con sus pequeños sobrinos en un parque, observa un extraño movimiento. Personas colgadas a un tapial lo observaban. Hombres armados en un parque de diversiones lo observaban. Por orden del comisario Villeti (fallecido), Oliver es interceptado y secuestrado en la vía pública por dos policías que vestían de civil. Y aquí comienza su tortuoso periplo.

La víctima es trasladada a la comisaría local, donde reconoce a Mendoza, quien oficiaba de comisario en Laguna Paiva y describe como “medio petiso, siempre caminaba derechito y bien peinado”. Oliver recuerda que Mendoza simplemente lo acusaba: “Vos sabés bien lo que hiciste”, negándole una clara respuesta ante la pregunta del porqué de su detención.

Al mediodía siguiente, entre las 13 y 14, Juan Carlos es abordado y encapuchado por dos hombres. “Uno era alto y morocho. El otro también morocho, no tan alto”. Es trasladado al calabozo de la comisaría segunda, donde esposaron sus manos y colgaron del techo, sin que pueda tocar el suelo con los pies. Juan Carlos expresó, ante la consulta de Pagliero, que estima haber estado largas horas colgado del calabozo. Aseguró ser atado por la tarde, y en horas de la madrugada ser llevado a otra sala.

Rememora que aquí las acusaciones continuaban, esta vez acusado de poner bombas y matar gente.

Oliver soportó violentos puñetazos y patadas. Recuerda que “estaba hecho una uva”, y la insistencia de sus represores por saber si conocía determinadas personas. Con dificultad comenta que mientras le era propinada una golpiza, escuchaba alguien teclear en una máquina de escribir, aunque nunca pudo llegar a identificarlo.

Oliver detalla que la tortura se extendió a una oficina, y también cómo lo mojaron arrojándole agua con un balde. Luego es llevado a otra oficina donde vería los rostros de Daniel “Tigre” Acosta (así fue apodado en los torneos de fútbol), “Palomo” Miranda y pudo establecer contacto visual con Eduardo Riuli. A este último, especificó conocerlo del pueblo, donde se desempeñaba como animador de fiestas y bailes. Fue preciso al describirlo como “rubio, alto, siempre bien vestido”, y en esa ocasión “de civil, pantalón y camisa”. También menciona la existencia de un capataz, al cual se dirigían como Leiva.

La próxima parada de Juan es el cuerpo de infantería. Allí su estadía fue más corta. Para mediados de abril, tras ser fotografiado, fue puesto en libertad. Momentos después toma el colectivo de vuelta a su localidad, Laguna Paiva.

Federico Pagliero, tuvo algunas preguntas luego del relato, en las cuales se centra en indagar por su actividad política, si tenía conocimiento a donde ser dirigía y cómo se manejó su familia.

Oliver explicó que nunca supo a donde lo llevaban, pero pese a estar encapuchado, intuyó que (camino a la comisaría 2°) transitaban la ruta 11. Pudo dar cuenta de esto por un particular olor nauseabundo generado por la sangre desagotada del frigorífico en los alrededores.

En cuanto a su familia, tomó conocimiento del esfuerzo de la misma. En donde consultaban por él, no obtenían datos, excepto el de su detención. Patrón común de los represores en estas situaciones, además de mentir.

Respecto de su militancia, Juan Carlos Oliver formaba parte de la organización “La lucha”. Junto a un grupo de compañeros del frigorífico, se reunían con frecuencia en el club Boca de Nelson. Allí conversaban sobre los problemas de los trabajadores, reivindicaban luchas. Ejemplifica: “si a alguien lo despedían sin causa, pedíamos explicaciones” y exigían mejores condiciones laborales. Este era el motivo por el cual Oliver fue torturado, pelear por un mundo mejor. Juan Carlos pagó con su cuerpo y trabajo luchar por esto. Poco después consumado el último golpe, recibió un telegrama de despido. “En esa época estaba el señor San Marcos a cargo del frigorífico en Nelson”, dijo en audiencia.

Recordó un grupo numeroso de aquella organización, muchos de ellos fallecidos, otros fueron condenados y algunos partieron al sur.

 

Leonel Oscar Gaitán

“¿Vos o alguien de tu familia fue detenido por la última dictadura cívico-militar? Y en su caso, que nos cuentes lo que recuerdes de ello”. Con esta pregunta genérica, inició Anabel Marcone por parte de la querella de APDH.

Leonel se había recibido de ingeniero químico y buscaba trabajo. El contacto con una empresa de Chaco se había frustrado y debía seguir intentando. Gaitán (en relación a la pregunta efectuada) narra que él mismo y una prima fueron detenidos. Él en 1980, y fue liberado dos años más tarde.

Leonel Gaitán caminaba junto a un ex alumno de la institución donde dictaba clases, cuando entre las 16.30 y 17 del 24 de julio del 80’, policías de civil se identifican ante él para llevarlo a jefatura y realizar averiguación de antecedentes. Antes de que lo lleven, atina a darle un número telefónico a su acompañante para que informe a la novia de su momento. El ingeniero pasó la noche en jefatura.

Gaitán era peronista, y fue militante a mediados de los 70’. Conoció mucha gente en el ambiente, de la cual una parte pasó a conformar la agrupación Montoneros.

De la jefatura, lo trasladan al “D2” (Comisaria Segunda), ubicada en San Martín y Obispo Gelabert. Luego de ser relacionado al entorno peronista y la cercanía con integrantes de Montoneros, atan sus manos, vendan sus ojos y lo encierran en un calabozo, donde es torturado mediante golpes, picana y además recibe escupitajos. Tras soportar estos vejámenes, es llevado a una “casita”, la cual tiene dificultades para localizar. Por el recorrido que trazó en su mente y el ruido del río indicando cercanía, intuyó estar en Santo Tomé, o por lo menos cerca.

Mientras tanto, su pareja de aquella época, lo busca en jefatura. Allí la respuesta es evasiva: “Leonel pudo haber firmado su salida o tal vez esté encerrado en otro lado. Quién sabe”.

Gaitán reconstruye la angustia vivida en ese recóndito lugar. Las torturas y un interrogatorio que incluía una declaración armada bajo presión del juez Bruza. El hombre lo amenazó con volver a pasar por lo mismo. En tanto, alguien tomaba nota en una máquina de escribir.

De la casita a un mes de encierro solitario en una celda en Laguir. Y de allí a un pabellón donde se encontraría con viejos compañeros de Laguna Paiva. “Catalino Paez, Silva, Galván, Arrascaeta, Suba, Cheme…básicamente”, recuerda Leonel. Pudieron compartir tiempo para jugar al fútbol, conversar sobre sus causas en los recreos, y tuvo preocupación por la salud de uno de ellos, Arrascaeta. Al resto, los observó bien, y recuerda que por lo menos él, no tuvo problemas de salud.

Gaitán comenta que todos habían militado en el PRT y lucharon juntos en el frigorífico Nelson.

El grupo sería trasladado a Rawson en julio de 1981. Con cuatro pabellones activos, fueron divididos y repartidos en cada uno de ellos. Con mayor dificultad en este tramo, no logra precisar si eran una o dos personas, pero está seguro que compartió prisión.

Leonel salió con libertad condicional el 14 de diciembre de 1982. Comentó su reencuentro con varios compañeros durante los actos del 24 de marzo, de los cuales participa activamente.

Al finalizar, el juez del tribunal explicó que se negó a las repreguntas hacia él porque “no quería hacerlo pasar un mal momento”. Gaitán, con humildad y valentía, respondió creer necesario precisar sobre los presos en Laguna Paiva.

 

Hugo Marcelino Pot

La familia Pot era numerosa. Ocho miembros y todos militantes en el PRT. Después del golpe del 76’, falta un integrante y uno de ellos, quedó discapacitado y vive en el exterior.

Hugo describe que la mayoría fueron detenidos y torturados por aquellos años. Con su esposa, Margarita Irurzún, les tocó en junio de 1975. Más tarde, René Irurzún. Le siguió su cuñada Cristina Bolati y en enero del 76, Cristina María Pot y otro cuñado, Néstor Bustos.

En 1974, Néstor Andrés Pot volanteaba en una fábrica ubicada al sur de la ciudad. Para la policía esto era motivo suficiente para herirlo de muerte. Néstor llega a un hospital en estado de coma. Tras varios meses, salvan su vida, pero las consecuencias son irreversibles; de ahora en más, no podrá caminar y deberá utilizar silla de ruedas de por vida. Néstor se mudó a Suecia. Actualmente vive allí.

A fines de febrero, principios de marzo del 76’, la dictadura legaliza la detención de una hermana y hermano Pot.

El padre y la madre de Hugo regresan por la noche a su hogar, cuando son atropellados en la zona de Esperanza. La madre muere, el padre logra sobrevivir con severas lesiones. Dicha situación siempre les resultó muy sospechosa.

En 1978, Alfredo Irurzún muere en un enfrentamiento en Paraguay.

Hugo remarca la crueldad en las cárceles, y que “los detenidos eran mal llamados terroristas”. Entre los años 82’ y 83’ sus familiares son liberados.

La intensa actividad política de la familia fue el blanco de los represores para atacar. Pot explica la manera en la cual la organización se estructuraba, el sentido de las luchas, las reivindicaciones y el debate en torno a la situación local y nacional.

Ante la pregunta del abogado en DDHH, Pagliero, Hugo se explaya en una clase de política. Comienza detallando la conformación de la regional en Santa Fe y las tareas llevadas a cabo acorde a las características precisas del lugar. Explica que esa regional tenía una dirección y se dividía en frentes: de propaganda, sector gremial, barrial, secretaria general y militar.

También, recuerda una triste coincidencia de la época. Por el año 74’, cuando se llevaba a cabo un congreso sindical de base, militares se deshacían de los cuerpos torturados de las abogadas laboralistas Marta Zamorano y María Urquía, compañeras de lucha secuestradas durante más de quince días.

Hugo continuó y expuso más hechos. A fines del 1974, en plena vía pública, desaparece uno de los responsables políticos de la organización, César Cervato. Nunca lograron conseguir mayores precisiones, excepto la filtración de un llamado militar a principio del 75’, supieron que César estaba grave, porque escucharon que pedían autorización para internarlo en el hospital militar.

“¿Conociste a Catalino Páez?”, preguntó Pagliero. “Sí. Antonio para nosotros”, respondió Hugo. Comenta que era delegado en la regional sindical Santa Fe, y que al residir en Laguna Paiva era el encargado de esa zona. También Páez participó en una mesa nacional sindical y lo caracteriza como “miembro pleno del PRT”. Junto a César Cervato lo visitaron varias en su domicilio.

Las reuniones se daban en clandestinidad. Se pensaban distintas ideas, formas de poder llegar a los trabajadores y el responsable de la secretaría era Luis Matini, reconstruye Hugo. Y menciona otra víctima: Castero, hombre que supo participar y luego asesinaron.

Pot contó cómo llevaban a cabo las luchas. Caracterizado el lugar, en Paiva lo principal era trabajar en los talleres ferroviarios. Estos contaban con numerosos trabajadores que viajaban. Allí desarrollaron una fuerte actividad sindical y tenían vínculos con compañeros con un pueblo vecino de Nelson. Hugo explica que esta faceta social y gremial se daba a través de un frente compuesto por organizaciones de diversas procedencias: el Frente Antiimperialista por el Socialismo. El FAS.

Pot rememoró hitos históricos como el Cordobazo o Rosariazo, su importancia, dada la confluencia del movimiento obrero y estudiantil, la recuperación del movimiento sindical UOM, los profundos debates que formaban a la conciencia juvenil, las preguntas sobre cómo aportar para la preservación de la democracia, dado que avizoraban la violencia que se podría desencadenar con golpes de estado. En ese marco, la importancia de la universidad en busca de una identidad que expresara características políticas del “maoísmo, guevarismo, comunismo, peronismo y otros ‘ismos’”.

Hugo se emociona al contar esto y no puede evitar lagrimear. Retoma para expresar, en esa línea la importancia del sentido colectivo y cómo la época fue de un punto alto, que dar la vida, era algo a lo cual la juventud estaba dispuesta.

No obstante, señala con sorpresa la crueldad con la cual la represión seguía en Laguna Paiva, aún cuando era clara la derrota de los grupos revolucionarios. Por tal masacre, Pot agradece que se lleven a cabo estos juicios, para condenar a los responsables.

“Excelente persona”, así recuerda Hugo a Norberto Eliseo Sova, estudiante de ingeniería química en Santa Fe, víctima de la dictadura y también responsable político. Su muerte ocurre entre las de Cervato y Páez.

Al ser consultado por su lugar en el PRT, Hugo responde que tenía pertenencia orgánica al mismo y su labor de tomar comunicación con secretaria.

Unas  últimas preguntas giraron en torno a si tenía conocimiento del grupo “La lucha”, a lo cual Hugo responde que cree que era una organización sindical y, es probable que Catalino Páez haya tenido intervención.

Por último, fiscalía indagó si “¿tenía noción de existencia de un boletín fabril?”. Pot afirma con un sí. Lo vuelven a consultar para saber si tenía responsabilidad en la redacción. “Alguna sí”, respondió el testigo.

Sin más por contar, ni responder. Hugo Marcelino Pot se retira de la sala.

 

Norma Elba Ríos

Ex Presidenta de APDH regional Rosario y actual Vicepresidenta a nivel nacional de la misma organización. Declara en calidad de testigo de concepto.

 

“Prometo en nombre de las Madres de Plaza de Mayo de Santa Fe, en especial de Queca Koffman, a quien amaba. Prometo por Otilia Acuña y Olga Suarez que siguen peleando, y también por todas las organizaciones de derechos humanos de Santa Fe, que en un lugar tan complicado, siguen luchando por justicia”. Así comienza su intervención la testigo de concepto al momento de la jura.

Federico Pagliero toma la palabra como parte querellante y pide a Ríos que ilustre la lucha de las organizaciones de DDHH, y en especial de la cual forma parte (APDH).

Norma inicia contando su experiencia en la Asamblea y el rol activo desde los lugares que ocupó. Traza una línea histórica y ubica a APDH en tiempo y espacio, el contexto en el cual se da su formación. En ese sentido destaca un sostenido “trabajo de resistencia antes, durante y después de la dictadura”, cómo el organismo pese a no estar conformado principalmente por víctimas directas, tiene años de una ardua labor en el campo documentado (menciona al desempeño en la ciudad de Rosario)  y se ha ido estructurando a lo largo y ancho del país en regionales. También, no pasa por alto el hecho que además se da una dura batalla cultural ante tanta mentira (en línea con esto la organización editó su primer libro: “Tocar Fondo”, en el cual analiza el proceso del proyecto político encabezado por Mauricio Macri).

“A los juicios no llegamos solamente a través del trabajo de un abogado o algún político, se hicieron, sustentaron y consiguieron luchando fundamentalmente en las calles”, de este modo sintetiza el sentido colectivo de estas luchas.

Recuerda cómo en el año 2016, en el Museo de la Memoria (Rosario), por el que se peleó muchos años, existíaun grupo de abogados que atendían a las víctimas. Y recibieron a los compañeros de Laguna Paiva. Los escucharon y  para enero del 17’,  ya se conformaron como  querella y presentaron la causa en Laguna Paiva.

Norma, continúa su intervención haciendo hincapié en los valores humanitarios que guían a movimientos como son los de derechos humanos, y además, sin tapujos, expresa una clara finalidad que buscan los juicios: “Nuestra característica fundamental es que a través del tiempo resistimos, persistimos e insistimos, para que gente como esta (referencia a las víctimas), a cuarenta y cinco años tenga justicia (…) Nosotros no odiamos. Es una decisión política no odiar. Yo veo a estos señores (señala a los represores presentes en videollamada) y para mí son ‘nada’. Yo no los odio, lo único que quiero es verlos en la cárcel. Nosotros peleamos por memoria, verdad y justicia”. En ese sentido, veo con orgullo que estos juicios se den en tribunales federales y no armados especiales.

Ríos señala durante su exposición la activa participación en diferentes y numerosos juicios de este tipo, en los cuales ella es firmante. Ejemplifica con algunos emblemáticos como el caso de la actual biblioteca Vigil (ubicado en la zona sur de Rosario), pero además, un compromiso que cruza el Atlántico y se involucra en casos como el del cura Revérberi Bosch, alojado en Italia (piden su extradición por actuación activa en crímenes de lesa humanidad).

Esa presión internacional señalada, es la misma que rescata como pata fundamental durante los oscuros años de la última dictadura, en la cual el Presidente y parte de los fundadores, Alfredo Bravo fue secuestrado y logró salvar su vida. En sintonía con esto, recuerda un hito fundamental como fue la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 1979; en dicha ocasión, APDH entregó un documento elaborado con una lista de cinco mil desaparecidas y desaparecidos (ya en el 78’ el organismo envió una carta a las autoridades nacionales – vía solicitada en La Prensa- con un listado de dos mil).

Para seguir dando cuenta sobre el continuo trabajo, narra la persecución por parte de la ex SIDE para conseguir ese informe. Dicho informe fue fundamental cuando se conforma la CONADEP en el 83’, cuyo informe final es el libro Nunca Más.

Ríos se ubicó en 1997 y el preparativo de actividades -escraches- con una organización, a la cual las viejas generaciones vieron como “una luz de esperanza”: H.I.J.O.S. Fue imposible ignorar la ley de Obediencia Debida sancionada en el 87’. Y se buscaba la condena social.

Recalcó los años 98’ y 2000, en los cuales APDH estuvo inmerso en los juicios por la verdad llevados a cabo en La Plata y Mar del Plata, y la forma en la cual los genocidas declaraban con total impunidad. Pese a la indignación, remarcó cómo el hecho de gozar con tanta verborragia, también sería motivo de engrosar el material para futuro.

Considera que en el año 2006 fue cuando “se llega a los verdaderos juicios”, y expone la dolorosa desaparición de Julio López luego de la primera condena al genocida Miguel Etchecolatz. Esta parte de su intervención dejó un cruce directo, pues mientras declaraba, notó un gesto de uno de los imputados que no dejó pasar por alto y confrontó: “Esto parece causarle cierta felicidad al señor Mendoza porque lo veo sonreír”.

Luego de realizar un recorrido histórico de las organizaciones, citar fechas claves y  comentar el trabajo sostenido, Norma hace foco en analizar el sentido cultural que imprimió la última dictadura para tener aval en distintos sectores, en tanto la imposición del modelo neoliberal a sangre y fuego. Comienza con la lógica que importaron los militares de la doctrina francesa y el antagonismo comunismo-anticomunismo, renombrado peronismo-antiperonismo para la Argentina; la perversa propaganda de luchar contra la subversión. Un plan que se desarrolló en Latinoamérica e identifica un claro mentor: “No podemos olvidarnos que a la cabeza del Plan Cóndor estuvo el empresariado y el gobierno norteamericano”.

Siguió en línea con esa parte y señaló que el país contaba con una gran cantidad de derechos laborales y una clase obrera altamente organizaday consciente que obtenía el 50% de la ganancia de la riqueza producida. Ante esto, era imposible la instalación de un modelo político-económico que atropellara esos intereses, por eso fue necesario quebrar y adoctrinar al movimiento. Sólo así podría implantarse la especulación financiera en el país. Un dólar por cada gota de sangre. La disolución social para llevar adelante un régimen de pobreza planificada.

Recordó el indulto de Menem. Toda su política y mensajes a la sociedad no ayudaron en nada, significando un alto nivel de regresividad en las luchas por la verdad y el sentido cultural-histórico.

Ríos expuso en números los terribles datos económicos del modelo impuesto por las Juntas: el cierre de fábricas, la deuda externa, el aumento de la pobreza, la guerra de Malvinas (saludó a los jóvenes que fueron parte), inflación, entre algunas de las consecuencias  señaladas.

Para finalizar, abordó el negacionismo. Lo definió como un problema “profundamente ideológico”, del cual los represores sacan provecho buscando la adhesión del seno familiar y construyen un sentido histórico para poner a civiles de su lado. En este marco, explica que además de ser un mensaje en disputa, tiene consecuencias tremendas como la impunidad para que los represores lleven a cabo una vida normal, compartiendo lugares con las víctimas. Y aquí recuerda a Mario Páez, quien a los catorce años tuvo que soportar ver la figura de su padre torturado.

Ríos expresa la preocupación que un sentido negacionista avance y se instale cada vez más en el ciudadano civil, como en las esferas judiciales. Por ello recuerda el fallo de la Dra. Noemí Berros en la causa conocida como FECED II, al cual considera elocuente y cita textual: “En el marco del Plan Cóndor, el agente chileno De la Dina, Arancibia Clavel, data de Julio de 1978, se adjuntan listados de muertos ‘por izquierda’ (…) Se tienen computados 22 mil, entre muertos y desaparecidos, desde 1975 a la fecha. La cifra misma, la masificación del fenómeno, actúa deshumanizándolo…”

“Sostenemos que hubo un genocidio”, dijo Ríos y fundamenta esto, agregando  que hubo una preparación y planificación de lo que se haría. Pero además, un genocidio donde se aplicaron tormentos sobre los cuerpos, mentes y permanece en las cabezas de los descendientes. Sostuvo su argumentación apoyándose en la definición del jurista polaco Raphael Lemkin, el cual explica que el genocidio busca destruir la identidad del oprimido y poner en su lugar la del opresor, proceso que sin la intervención de política, consigue “legalidad”.

Norma Ríos fue categórica y expresó su deseo: “No quiero esperar quinientos años más para que alguien sepa, que en la Argentina en los años 70, se cometió un genocidio”. Toma en cuenta la masacre cometida contra los pueblos originarios, y la importancia que este tipo de juicios aporten a la construcción de memoria, brindando respuestas a las víctimas y el rol institucional para quitar de raíz cualquier rastro de impunidad que contamine y obture el proceso de verdad y justicia.

En relación a esto último, concluyó su intervención expresando “pedimos justicia”, señalando que “sabemos que no es mucho, pero por las traba que se nos ponen en todos lados, parece un montón. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos”.

Los segundos finales fueron de agradecimiento a la Secretaria de Derechos Humanos de Provincia y Nación, por la colaboración prestada. Y al tribunal por escucharla.

El juez preguntó a las partes si tenían alguna pregunta, y al no haberlas, dio por concluida la sesión y recordó las próximas fechas de audiencia.

 

*Cobertura de Lautaro Ruiz, integrante de APDH Rosario.

Imagen: dibujo realizado por Federico Geller con el testimonio de Mónica (hija de Catalino y Juana)