El Concejo Municipal de Rosario, a través de una iniciativa de APDH Regional Rosario y la concejala Marina Magnani, declaró por unanimidad personas no gratas a los genocidas que cumplen prisión domiciliaria en la ciudad.

El proyecto llegó al Concejo Municipal por iniciativa de la APDH Regional Rosario, impulsado por Verónica Gauseño, miembro de la mesa directiva, y propone declarar personas no gratas a los condenados por delitos de lesa humanidad que cumplen prisión domiciliaria en la ciudad de Rosario. Esto se presentó en conmemoración del Día Internacional del Detenido-Desaparecido.

La lista de estos represores está compuesta por 15 nombres: Manuel Cunha Ferré (ex oficial de inteligencia del Ejército, procesado en el marco de la causa Sheraton), Ariel Antonio López (ex agente civil de inteligencia condenado a prisión perpetua en la causa Guerrieri III y a 16 años de prisión en la causa Guerrieri II), le siguen Alberto Enrique Pelliza, Eduardo Dogour, José Carlos Scortechini, Ovidio Marcelo Olazagoitía, Ismael Ramón Verón, Alcides París Fracisca, Héctor Martínez, Carlos Sfulcini, Eduardo Constanzo, Luis Paulino Coronel, Daniel González, Héctor Gianola y Dardo Migno.

“Todos ellos han generado un rechazo y repudio de los organismos de derechos humanos y ciudadanía en general. La justicia tardía, no es justicia. Y a falta de ella siempre sostuvimos: Si no hay justicia, hay escrache. Asimismo, esta es una manera de arribar a una condena social”, afirmaron desde APDH Rosario.

El otorgamiento de prisiones domiciliarias a condenados por delitos de lesa humanidad puede implicar un retroceso en las políticas de Estado sobre Memoria, Verdad y Justicia. La cual se puede agravar aún más cuando los controles sobre el cumplimiento son inexistentes o sumamente laxos. En tales contextos, el beneficio es impunidad. Y la impunidad es incumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el Estado.

“En este tipo de delitos, tenemos que exigir no sólo que se juzgue y sancione a los que se encuentren responsables, sino también que se garantice el debido cumplimiento de la condena que se les aplique. Pues, no puede pasarse por alto, que la aplicación de la detención domiciliaria como modalidad de cumplimiento de la prisión preventiva o de la ejecución de la pena de personas imputadas o condenadas por crímenes contra la humanidad, por más que responda a cuestiones humanitarias, también implica la re victimización de aquellas personas que sufrieron y fueron víctimas directas de genocidas que desde el Estado sembraron terror para implantar un modelo económico de exclusión y pobreza, además del pacto de silencio que sigue vigente, por el cual se niegan a decir dónde están los restos de los compañeros desaparecidos, lo que perpetúa un delito continuado y sigue siendo una tortura para los familiares que continúan su búsqueda”, reza el proyecto presentado.

El antecedente de esta iniciativa fue una ordenanza similar aprobada por el Concejo de la ciudad de Bariloche. Allí mes pasado fueron declaradas personas no gratas los represores residentes de esa ciudad. En ese caso quienes trabajaron para que ese proyecto se convierta en una normativa oficial fueron la regional de Bariloche de APDH y la concejala Ana Marks, quienes también colaboraron para que sea un hecho la presentación realizada en Rosario.