Feced III y IV: “Quienes formamos parte de Vigil fuimos estigmatizados por esa pertenencia”

El miércoles 6 de febrero se retomaron las audiencias del juicio oral por la causa Feced III a la que se acumuló Feced IV, que juzga a genocidas que operaron en el ex Servicio de Informaciones de la policía rosarina, ubicado en Dorrego y San Lorenzo. Los represores están acusados de secuestros, homicidios y desapariciones.

En esta audiencia continuaron los testimonios por el caso de las detenciones ilegales de algunos de los miembros de la primera comisión directiva de la Biblioteca Vigil y socios de la biblioteca. Algunos de los sobrevivientes ya prestaron declaración a finales del año pasado. El equipo jurídico de la APDH Regional Rosario, integrado por Gabriela Durruty, Jésica Pellegrini, Julia Giordano y Federico Pagliero, lleva adelante la querella también por esos casos.

Los testimonios fueron los de Gabriela Morales, Antonia Ofelia Cuneo, Arnaldo Olguin, Alejandra Routaboul.

La primera relató que fue socia de la biblioteca y participaba de todas las actividades desde los 6 años. Explicó de manera detallada las actividades que realizaba, la calidad de la educación, de los docentes y del proyecto educativo. Su padre colaboró en las obras de la colonia de Vigil en Villa Gobernador Gálvez y su madre trabajó en el centro de cómputos de Vigil. En su testimonio nombró el asesinato de su amigo Quico Moyano, socio de Vigil, en el ‘76. Ella y Elina Naranjo estaban en el colectivo que interceptaron en el momento que lo ejecutaron, a unas cuadras de Alem y Gaboto.

“De un día para el otro irrumpieron los militares de una manera prepotente en la escuela, no recuerdo cuando, creo que en marzo, y aparece Ibarra como director pedagógico y Pangia como profesor de filosofía. Era un desbande, a algunos profesores los echaron. Empezaron a hacernos hacer cosas que desconocíamos, como formar fila. Ibarra le pidió a un compañero que se corte el pelo y se afeite. A esta persona la empezamos a ver armada, se corría el saco y se aseguraba de que veamos la pistola”, contó Morales.

Después fue cuando comenzaron alegar los telegramas de despidos. “Mi padre tenía 50 años y no trabajó nunca más. El impacto de la dictadura nos arrancó un modo de vivir, puedo imaginarme lo que es, y lo sé, que desaparezca un hijo, para la madre, para los familiares, pero aquí hubo un arrancamiento aleccionador de un modo de vida, la  mía, de mi familia, de un barrio y de todas las extensiones que tenía para la comunidad”, dijo la testigo y agregó: “Quienes formamos parte de Vigil fuimos estigmatizados por esa pertenencia, decían que ahí nos enseñaban a dibujar cerdos capitalistas y pintarlos de rojo. La intervención militar se apropió del dinero de Vigil. Yo fui testigo de la destrucción hasta el año ‘77 cuando estaba en la secundaria. Y después no volví nunca más hasta que fuimos convocados por la asamblea de socios por su recuperación.

“Por ser marxistas leninistas”

 “El 10 de mayo de 1977 a las 3.30 de la madrugada tocaron mi timbre, me levantí, me vestí y salí. Había un hombre y me dijo que era Guzmán y me pidió que le abriera la puerta porque tenía que detener a mi marido. Llevaba una placa dorada de la policía. Entraron diez monos con armas largas, tuve más miedo que nunca. Estaban vestidos de civil. Yo le pregunté a Guzmán por qué lo venían a detener. Me dijo que era porque tenía que responder unas preguntas, entonces yo le dije que por qué no mandaban a alguien que le hiciera las preguntas y listo. Yo no sabía que en ese momento ya tenían en el celular a personas que yo conocía. Me dijo que se lo llevaban a Jefatura y que fuera al otro día a las seis de la tarde con colchón y abrigo. Había muchos autos, los famosos Falcon”, afirmó Antonia Ofelia Cuneo en su declaración.

Al otro día fue y pudo hablar con su marido a través de una reja. “Ahí lo vi a Augusto Duri, a Routaboul y a Pérez Cantón. Al otro día en el diario salió una nota en La Capital que decía que habían detenido a la comisión directiva de Vigil porque eran marxistas leninistas. La gente le tenía miedo al comunismo y decían que Vigil era una cueva de comunistas que se comunicaban con Moscú por medio de un satélite. Vigil era un lugar maravilloso, sobre todo para las personas que no tenían nada”, continuó.

Por su parte, Arnaldo Olguín contó que trabajaba en la mutual de Vigil pero que le pidieron pasar a la parte de tesorería de la comisión directiva. Junto a Pedrido y Perez Cantón armaron un equipo de trabajo para la implementación y desarrollo de la administración financiera. “La mañana de la intervención, una cuadra antes de llegar nos avisan que los milicos estaban adentro, nos juntamos con algunos y decidimos entrar. El ambiente adentro estaba muy pesado, había gente con armas. Entramos con los miembros directivos Duri, Pedrido, Serpi, Pérez Canton. Entramos y esperamos que ver qué teníamos que hacer. Al segundo y tercer día nos dimos cuenta que no teníamos nada para hacer, estaba todo a cargo de un marino de apellido Molina”, relató.

Olguín explicó que toda la documentación quedó en manos de los interventores. Así se terminó la venta de la rifa y la gente decía que no le habían entregado los premios. “No mucho después una noche estaba en casa y me llama un compañero diciendo que una camioneta de la policía estaba pasando por las casas de los miembros de la comisión directiva y se los estaba llevando. Cuando pasó una semana o diez días pudimos visitarlos. Estaban en Jefatura, en un segundo piso. Comentaba la gente que los habían llevado por mal manejo de las finanzas”, afirmó el testigo y explicó que si bien después del Rodrigazo había dificultades económicas en la institución el patrimonio de Vigil era mucho más grande que lo poco que se adeudaba en relación a la entrega de premios, entre otras cosas. Por lo que no había una razón real para la intervención.                                                                                              

Por último, en esta primera audiencia del año declaró Alejandra Routaboul, ex alumna: “En el año ‘72 empecé la escuela secundaria. Mi mamá trabajaba en la guardería de Vigil. Mi papá trabajaba en la caja de ayuda mutua con Olguín. Paulatinamente las familias que trabajan allí fueron perdiendo sus trabajos. En febrero del ‘77 ya se hablaba de que podían pasar cosas peores. Una noche tocaron timbre en mi casa, estábamos en mi dormitorio, pero no me acuerdo de nada. Me acuerdo de sentir un vacío, de darme cuenta que estaba pasando algo horrible. Frutos y mi papá no fueron detenidos esa madrugada y no sabían si ir o no. Había temor pero sentían que no tenían nada que esconder, así que fueron a la jefatura y quedaron detenidos”, comenzó diciendo en su testimonio.

“Destruyeron la vida de todas las familias que trabajaron en Vigil. Aniquilaron tantos sueños, trabajo, esfuerzo para crear construir, soñar y ejecutar semejante obra. Mi papá no figura en la lista de desaparecidos  pero lo desaparecieron nunca volvió a ser la misma persona. El año posterior a que salió en libertad también seguíamos teniendo un auto frente a casa. Todos lo venían a visitar a casa para tratar de ayudarlo. La intervención destruyó todo, rompieron todo lo que podían romper”, concluyó.                        

Datos de la causa                                                                                 

Los acusados son los ex agentes de policía Carlos Ulpiano Altamirano, Eduardo Dougour, Julio Fermoselle, Ramón Telmo Alcides Ibarra, José Rubén Lofiego, Mario Alfredo Marcote, Lucio César Nast, Ovidio Marcelo Olazagoitía, José Carlos Antonio Scortechini, Ernesto Vallejo, Ramón Rito Vergara, Héctor Gianola y Daniel González.

Todos actuaron en el centro clandestino de detención que funcionó ex Servicio de Informaciones (SI) de la ex Jefatura de Policía local, el más grande de toda la provincia de Santa Fe. También será la primera vez que llegan a juicio oral dos casos de delitos sexuales declarados de lesa humanidad.

Este es el tramo más grande de la causa Feced. De las 155 víctimas, 80 son casos nuevos, es decir que no fueron juzgados anteriormente. Se estima que por los tribunales federales rosarinos pasarán unos 300 testigos.

Los imputados deben responder, ante el Tribunal Oral Federal (TOF) N° 1 de Rosario – compuesto por Lilia Carnero, Eugenio Martínez y Aníbal Pineda–, por los casos correspondientes a 154 víctimas que estuvieron cautivas en el ex SI.

Foto: Carlos Ochoa

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