La Taser es tortura

 

Que la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, tome decisiones que impliquen acciones de índole represiva como constante política de su administración, lamentablemente, no nos sorprende.

Que el Ministro de Seguridad de la Provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, plantee la posibilidad de incorporación de un arma que es un objeto de tortura, es una clara muestra de alineación política con el Gobierno nacional. De alineación con un gobierno que no ha dudado en avanzar con medidas económicas de hambre, avasallando garantías y derechos constitucionales.

No pondremos en cuestión el buen o mal gusto del ministro. Pero la gestión pública no se trata de gustos ni apetitos personales. Estamos ante decisiones de políticas represivas que implican modos de tortura que fueron juzgados y condenados en nuestro país en los juicios por delitos de Lesa Humanidad durante la última dictadura cívico-religiosa-militar. Por lo que su compra y uso por parte del Estado, es lisa y llanamente contrario a nuestra Constitución y a los tratados de derechos humanos suscriptos por nuestro país (Tratado para la Prevención de la Tortura, Penas Crueles Inhumanas y Degradantes).

En los últimos días hemos asistido a la absolución de todos los imputados del crimen de homicidio y desaparición del cuerpo de Paula Perassi, a las nuevas manifestaciones por los dos años del homicidio de María de los Ángeles Paris exigiendo la imputación de los policías responsables, al otorgamiento de la libertad al único policía preso por el crimen de Jonatan Herrera y al vergonzoso intento de criminalizar la protesta encabezada por los trabajadores despedidos de Electrolux.

En este contexto debemos recordar que la provincia de Santa Fe cuenta ya con varias condenas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como el reciente caso por torturas de Yrusta. Y que el Gobernador Miguel Lifschitz afirmó que la Bibliotecaria fallecida dentro de la comisaria 10º «no había habido violencia” pese a las contundentes pruebas que lo refutan, y de las denuncias internacionales en curso sobre el caso.

Las Taser son armas que tienen un alance de 10 metros con una descarga de 50.000 voltios, por lo que su utilización lejos de reprimir una situación de comisión de delitos serán utilizadas contra personas que se encuentren a una distancia relativamente cercana y con escasa posibilidad de movimiento, léase personas privadas de su libertad y manifestantes.

En este marco político, incorporar armas que lanzan descargas eléctricas lejos de terminar “cuidando la vida” como lo afirmara el titular de la cartera de seguridad, no hace más que reafirmar el desprecio por la vida y por el derecho.

No sorprende que la Ministra de Seguridad de la Nación incurra en acciones de estas características a días de que una represión a quemarropa. Ahora, que un Ministro provincial plante la posibilidad de uso de un objeto de tortura, solo para afianzar posiciones comunes con las políticas nacionales, incumpliendo garantías y obligaciones constitucionales es obsceno, ultrajante y despiadado.

No pondremos en cuestión el buen o mal gusto del ministro. Ponemos en cuestión que no se trata de gustos, apetitos personales, la gestión pública. Mucho más grave cuando se trata de armas de tortura, de modos de tortura que no solo fueron juzgados en nuestro país, sino que su compra y uso por parte del Estado es de plano ilegal, dado el Tratado del Comité de prevención de la tortura.

Días previos a esta infortunada comunicación del ministro, la misma Justicia liberó por falta de mérito a todos los imputados del crimen y desaparición  del cuerpo de Paula Perassi, se realizó una nueva manifestación popular ante los dos años del crimen policial de María de  los Ángeles Paris; con denuncias internacionales en curso y habiendo liberado al único condenado detenido por el crimen policial de Jonatan Herrera. Y sostuvo un burdo intento de criminalización de la protesta.

En la misma línea ambos ministros no vacilan en aprobar lo ilegal e inconstitucional. Menos vacilan en infundir terror o bien liberando el accionar policial, estimulando enfrentamientos en la población con el millonario negocio de la seguridad.

Tampoco sorprende que el gobernador de la provincia, de quien no nos cansaremos de recordar afirmara que no había habido violencia en el crimen de María de los Ángeles París, y jamás se expidió sobre otros crímenes policiales.

Delincuencia que generan, promueven y avalan. Negocio oligopólico a empresas de antiguos agentes de seguridad, muchos juzgados y sentenciados por su accionar en el peor genocidio de nuestra historia.

En este marco político, salir a decir “me gustan las pistolas taser” no hace más que esclarecer el ya conocido desprecio por las vidas y por el derecho del ministro de Seguridad. Ahora si en plena campaña electoral y en funciones se manifiestan de estas maneras, que debemos esperar en caso que asuman los cargos que disputan.

APDH Rosario

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