Un grito colectivo: Prisión común y efectiva para los genocidas

En el día de ayer, APDH Rosario, junto a distintos organismos de derechos humanos, estuvo presente frente al Tribunal Oral Federal (T.O.F.) de la ciudad de Santa Fe para presentar un escrito en el cual se exige la prisión preventiva de los seis genocidas condenados en la causa Chartier/Laguna Paiva.

El pasado 7 de julio terminó el juicio que investigaba delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en la ciudad de Laguna Paiva, y fueron condenados por privación ilegítima de la libertad y aplicación de tormentos a once militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y a sus familiares: Germán Chartier, Omar Molina, Antonio González, Rubén Insaurralde, Fernando Mendoza y Eduardo Riuli.

A pocos meses de la sentencia, el T.O.F otorgó la libertad condicional a Riuli -dejando un sabor amargo entre los familiares y los sobrevivientes-. Esto impulsó a APDH Rosario a presentar un recurso, logrando que en diciembre se diera marcha atrás a la medida, pero el TOF de Santa Fe ignoró por completo, ratificando su postura.

Juana Medina, viuda de Catalino Paez (secuestrado junto a ella y a su hijo mayor, Mario, en febrero de 1980) mostró su angustia y descontento ante la nueva disposición del T.O.F. y comentó: “El juicio se quedó ahí. Se cortó, y el genocida que nos torturó a todos nosotros está libre”.

Quien también tomó la palabra y expresó su dolor fue María Paez (hija de Catalino). Recordó que cuando empezó el juicio tenían muchas esperanzas, ya que lo esperaron mucho, su papá lo esperó mucho. Sin embargo, sienten que no hubo justicia. “Nos sentimos humillados, pisoteados, nuevamente torturados por tener que revivir todo lo que paso”, y agregó: “No hay palabras para decir lo que sentimos. Es bronca, es vergüenza de la justicia que tenemos. Es una impotencia absoluta de pisotear la memoria de mi padre y de tantos otros que lucharon y hoy ya no están”.

Mario Paez (sobreviviente) recordó que este 14 de febrero se cumplirán 42 años de esta búsqueda de justicia: “Yo sé que los tiempos han cambiado, que la justicia es un poco más lenta que antes, pero lo que no podemos comprender los sobrevivientes es el porqué del beneficio a los genocidas, ¿por qué tanta soltura a los genocidas?, ¿por qué la justicia es tan permisiva con alguien que torturó, robó, violó, con alguien que hizo de la vida de otro un calvario?”. Siente la impunidad encarnada y cómo los encargados de impartir justicia han olvidado todo lo que padecieron durante estos años, eso los deja con un dolor muy grande y “así, no podemos vivir tranquilamente”.

Paez caracterizó la situación como desesperante, al ver como un genocida camina con total impunidad por la calle con su familia, por la calle de la ciudad en la cual viven. Es ese mismo protagonista quien persiguiera a su padre (Catalino Paez) y su familia por cuatro años durante la última dictadura. “Eduardo Riuli es un genocida. Fue integrante de una patota represiva que violó menores, señoras mayores y se apoderaron hasta de lo que no había en cada casa a la que fueron”.

Mario se refirió al acompañamiento recibido por parte de APDH y se mostró muy conforme y agradecido con el camino recorrido y el trabajo realizado. Además, expresó el deseo para con el equipo jurídico: “Queremos que se los escuche, y se les de la importancia que realmente hay que dar a un profesional que pone todo para esclarecer esto que sucedió en la década del 80’ y lleguemos a un entendimiento”.

El escrito fue acompañado por: Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Museo de la Memoria de Rosario, Foro contra la Impunidad y la Justicia, el Colectivo de la Memoria, Liga Argentina por los Derechos Humanos, Colectivo de Ex Presos Políticos Filial Laguna Paiva, HIJOS Santa Fe, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, El Periscopio Asociación Civil y las víctimas- sobrevivientes de la causa Laguna Paiva.

La voz de los referentes

En este reclamo en búsqueda de justicia, adhirieron y participaron distintos actores ligados a la defensa por los derechos humanos. Militantes, querellantes, sobrevivientes brindaron su apoyo y analizaron el retroceso que significan estas decisiones impartidas por el tribunal santafecino. El equipo de prensa de APDH Rosario habló con ellos para dejar asentada sus palabras.

Carlos Alberto Rabiolo es integrante del Colectivo de la Memoria, y, junto a ex presos políticos, también participa en El Periscopio, conformado por ex presos de Coronda. Al respecto de la actual causa, manifestó: “Venimos acompañando este juicio. Después del juicio de Laguna Paiva, a Brusa (juez que trabajó activamente para los genocidas) le abren otra causa, porque la Corte Suprema de Justicia de la Nación le pide al juzgado federal de Santa Fe, que le haga una nueva, porque no puede estar con libertad vigilada”.

De esta última causa, Carlos fue testigo y consideró que el T.O.F de Santa Fe utilizó distintos mecanismos para “tenerlo a Brusa en la casa y no en la cárcel”. Esto es lo que hace el Tribunal Oral de Santa Fe.

Por su parte, Luis Larpin, integrante de la Asociación Civil El Periscopio, rememoró que ellos han sido siempre parte de los juicios de Lesa Humanidad que se han dado en el Tribunal Federal de Santa Fe y, que, a partir de ser querellantes en el juicio de Coronda, han tenido un acompañamiento permanente por un compromiso histórico con la memoria, verdad y justicia.

Sobre el accionar y procedimiento de la justicia, el dirigente comentó: “Es una trampa a las víctimas, los familiares, a los compañeros que fueron secuestrados, desaparecidos, asesinados o torturados, que viven una parodia de juicio durante semanas o meses y finalmente todo vuelve a estar como antes. Eso es lo que no podemos soportar de este Tribunal Oral Federal de Santa Fe”.

En representación por el Foro contra la Impunidad y por la Justicia, Graciela Paco expresó que “no puede ser que Riuli ande por los mismos caminos que las víctimas”, eso constituye una total impunidad. Por este motivo, el anhelo al cumplimiento de “las condiciones básicas de la democracia”, para “que se cumpla con la justicia”.

En la misma línea se expresó Alba Bruzzoni, por la Liga Argentina por los Derechos Humanos: “Venimos a acompañar este justo reclamo que es más que un atropello, porque después de 40 años las víctimas tienen que seguir soportando ver a sus represores. Cruzarse con ellos, que se burlen de ellos”; y manifestó su disconformidad hacia las breves condenas recibidas. “Seguiremos reclamando, no quedará en esto. Tendremos seguramente que seguir haciendo otras actividades que surgirán del colectivo y no cesaremos en la lucha hasta conseguir justicia”.

Marita Zurbriggen tomó la palabra en nombre de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas y fue contundente al expresar: “Nos parece un atropello lo que ha dictaminado la justicia. En este caso la libertad de un genocida: Riulli. Por eso, no vamos a detenernos, hasta lograr aquello que es el cumplimiento de la ley, que es la cárcel común y que tienen que cumplir estos genocidas”. Destacó que seguirán trabajando y acompañando con todos los organismos de derechos humanos para cumplirlo.

 

Ricardo Nicolás Galván es un ex preso político, sobreviviente y querellante en la causa. Al igual que sus compañeros, no se quedó esperando en su casa y estuvo presente en el reclamo. “Las cosas no han sido iguales. A nosotros, nos hicieron cumplir todas. A esta gente, se les permite pasear tranquilamente en la calle sin ningún problema”, describió. Ricardo materializó en palabras el sentimiento de indignación frente a tan regresiva decisión, exigiendo impartir justicia a los responsables de hacerlo porque las cosas no pueden seguir así.

También acompañaron la jornada, militantes de distintos sectores políticos. Quien se expresó en este caso fue Juan Manuel Acosta de Ciudad Futura Santa Fe, destacando que la construcción de la memoria se hace en las calles, pero además se hace en la justicia y eso se logra “teniendo a los represores en cárceles comunes”. Para finalizar, remarcó la importancia de seguir habitando estos espacios “y cada vez que a la democracia le queda pendiente esas cosas y los beneficia con cárcel domiciliaria, sabemos que tenemos que estar en la calle, al igual que lo hicieron las generaciones anteriores, para poder hacer justicia, para que la memoria tenga un valor y el peso institucional que corresponde”.

Defender la impunidad, la herencia de un genocida

A lo largo de la historia nos encontramos con muchas situaciones en donde nefastos personajes han utilizado el andamiaje político y judicial para ocupar cargos públicos, eludiendo así las consecuencias de pagar por las atrocidades cometidas e institucionalizando la impunidad. Figuras montándose en el instrumento democrático de partidos o frentes políticos y participando en elecciones, algo que no se condice con lo que han hecho durante los últimos golpes de Estado en Latinoamérica.

En la actualidad, en la Argentina, es posible observar la emergencia y conformación de agrupaciones y partidos en los cuales sus integrantes, alegando a una supuesta defensa de libertades individuales, valores republicanos y prosperidad económica, en realidad no hacen otra cosa que reivindicar un modelo de exclusión social soslayando la forma en la cual fue posible su implementación: el derrocamiento violento y sangriento a gobiernos constitucionales. Esta modalidad de esos frentes es cada vez más notoria, y sus lecturas históricas encuentran raíces firmes en un ciclo de tristeza y decadencia para la Nación.

No es necesario ir demasiado lejos para encontrar un ejemplo que se ajuste a esto descripto. Tal es el caso de Gisela Riuli (hija de Eduardo Riuli), quien fuera candidata por el sector del PRO dentro del frente Juntos por el Cambio, en la localidad de Laguna Paiva. Convencida que los tormentos aplicados por su padre han contribuido a la mejora de la vida social, lo ha defendido, y su manera de hacerlo ha sido hostigando a quienes padecieron aquellos vejámenes. “Cuando estábamos esperando una resolución en el TOF, ella pasó con una caravana y nos sacó fotos junto con su hermana y nos filmó. O sea, la persecución seguía”, recordó Mario Paez. Además, describió cómo se mofaba frente a sus narices.

Podría resultar inaudito (o debería), pero sigue una coherencia histórica de su propia familia y espacio político. Basta recordar algunas situaciones en el plano nacional durante el macrismo como el intento de morigerar penas a genocidas con el conocido intento de “2×1”, la puesta en duda de los desaparecidos o el insistente mensaje reafirmando la teoría de los dos demonios.

Gisela es abogada y reconocida por su trabajo en medios televisivos y radiales de comunicación en Laguna Paiva. Mientras estaba en campaña, su padre estaba en juicio. La agenda de Riuli hija tuvo espacio para burlarse en la cara de las víctimas que buscan un poco de justicia luego de tantos años. Paez afirmó la complicidad mediática en la localidad para no confrontar con la familia Riuli.

Cabe recordar lo expuesto en audiencias anteriores: Eduardo Riuli se desempañaba en medios, como policía y animaba fiestas. La localidad conoce bien a la familia. En Laguna Paiva existe un secreto a voces, y esta historia es una serpiente nacida de un huevo cuidado por la complicidad reinante.

                        

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